Conoce tus derechos: art. 16.4 Ley 39/2015

En España, el Artículo 16.4 de la Ley 39/2015 regula el derecho de los ciudadanos a conocer el estado de tramitación de los procedimientos administrativos en los que sean parte o tengan algún interés legítimo. Este derecho es fundamental y se encuentra recogido en la Constitución Española.

A continuación, te explicamos todo lo que necesitas saber sobre este artículo y cómo hacer valer tus derechos frente a la administración pública.

¿Qué es el Artículo 16.4 de la Ley 39/2015?

El Artículo 16.4 de la Ley 39/2015 establece que los ciudadanos tienen derecho a conocer en todo momento el estado de tramitación de los procedimientos administrativos en los que sean parte o tengan algún interés legítimo, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación sobre protección de datos.

Este derecho se extiende a todas las fases del procedimiento, desde su inicio hasta su finalización, y se puede ejercer en cualquier momento mediante la presentación de una solicitud escrita o a través de medios electrónicos.

¿Qué es un procedimiento administrativo?

Un procedimiento administrativo es una serie de actuaciones que lleva a cabo la administración pública para la consecución de un fin concreto, como puede ser la concesión de una licencia, la tramitación de una subvención o la resolución de un recurso administrativo.

¿Qué se entiende por interés legítimo?

Se entiende por interés legítimo cualquier situación en la que el ciudadano pueda verse afectado por la resolución del procedimiento administrativo, ya sea de forma directa o indirecta.

Un ejemplo de interés legítimo podría ser el de un vecino que se opone a la construcción de un edificio en su barrio y que, por tanto, tiene derecho a conocer el estado de tramitación del procedimiento administrativo correspondiente.

¿Cómo se ejerce el derecho a conocer el estado de tramitación de un procedimiento administrativo?

Para ejercer este derecho, el ciudadano debe presentar una solicitud escrita o a través de medios electrónicos en la que se indique el procedimiento administrativo del que se quiere conocer el estado de tramitación.

La administración pública está obligada a responder en un plazo máximo de un mes a contar desde la presentación de la solicitud, siempre y cuando el procedimiento se encuentre en tramitación en ese momento.

En caso contrario, la administración deberá indicar cuándo se prevé que se produzca el avance en la tramitación.

¿Qué ocurre si la administración no responde en el plazo establecido?

Si la administración no responde en el plazo establecido, se puede entender que ha denegado el derecho a conocer el estado de tramitación del procedimiento administrativo.

En este caso, el ciudadano puede interponer un recurso de alzada ante el órgano superior jerárquico al que corresponda resolver sobre el procedimiento.

¿Qué información se puede obtener sobre el estado de tramitación de un procedimiento administrativo?

El ciudadano tiene derecho a conocer toda la información relativa al estado de tramitación del procedimiento administrativo en el que sea parte o tenga algún interés legítimo.

Entre la información que se puede obtener se encuentra la fecha de inicio del procedimiento, el estado en el que se encuentra en cada momento, los plazos establecidos para su resolución y cualquier otra información relevante.

¿Qué ocurre si la información facilitada es incorrecta o incompleta?

Si la información facilitada es incorrecta o incompleta, el ciudadano puede solicitar a la administración que complete o rectifique dicha información.

En caso de que la administración no atienda esta solicitud, el ciudadano puede interponer un recurso de alzada ante el órgano superior jerárquico al que corresponda resolver sobre el procedimiento.

¿Qué consecuencias tiene el incumplimiento del Artículo 16.4 de la Ley 39/2015?

El incumplimiento del Artículo 16.4 de la Ley 39/2015 por parte de la administración pública puede tener consecuencias negativas para la misma.

Entre las posibles consecuencias se encuentran la imposición de sanciones económicas, la responsabilidad patrimonial de la administración y la obligación de indemnizar al ciudadano por los perjuicios sufridos.

Conclusión

El derecho a conocer el estado de tramitación de los procedimientos administrativos es fundamental para garantizar la transparencia y la eficacia de la administración pública.

Por ello, es importante que los ciudadanos conozcan sus derechos y sepan cómo ejercerlos frente a la administración pública en caso de que estos sean vulnerados.

Preguntas frecuentes

¿Puedo ejercer este derecho en cualquier procedimiento administrativo?

Sí, el derecho a conocer el estado de tramitación de los procedimientos administrativos se puede ejercer en cualquier procedimiento en el que el ciudadano sea parte o tenga algún interés legítimo.

¿Puedo ejercer este derecho de forma electrónica?

Sí, se puede ejercer este derecho a través de medios electrónicos siempre y cuando se cuente con los medios necesarios para ello.

¿Qué plazo tiene la administración para responder a mi solicitud?

La administración tiene un plazo máximo de un mes para responder a la solicitud de información sobre el estado de tramitación de un procedimiento administrativo.

¿Qué ocurre si la administración no responde en el plazo establecido?

Si la administración no responde en el plazo establecido, se puede entender que ha denegado el derecho a conocer el estado de tramitación del procedimiento administrativo y se puede interponer un recurso de alzada.

¿Puedo solicitar que se rectifique la información facilitada si es incorrecta o incompleta?

Sí, se puede solicitar a la administración que complete o rectifique la información facilitada en caso de que sea incorrecta o incompleta.

¿Qué consecuencias tiene el incumplimiento del Artículo 16.4 de la Ley 39/2015?

El incumplimiento del Artículo 16.4 de la Ley 39/2015 por parte de la administración pública puede tener consecuencias negativas para la misma, como la imposición de sanciones económicas o la obligación de indemnizar al ciudadano por los perjuicios sufridos.